¿Están en riesgo los recursos para los pagos de Colombia Mayor? Esto dicen los gobiernos entrante y saliente.
A pocos días del cambio de mando en Colombia, se ha generado una controversia pública respecto a la estabilidad financiera del programa Colombia Mayor, el cual brinda subsidios a adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.
Mientras el equipo de empalme del presidente electo denuncia un millonario déficit, el gobierno saliente sostiene que los dineros están debidamente asignados y protegidos por ley.
La denuncia del gobierno entrante
El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, han manifestado que el programa se encuentra en una situación crítica de desfinanciación.
Según las declaraciones de De la Espriella, el programa recibe un faltante de 3,2 billones de pesos necesarios para cubrir los subsidios programados entre agosto y diciembre de 2026. El mandatario electo acusó a la administración saliente de haber agotado los recursos durante el primer semestre del año en el marco de la contienda electoral.
Por su parte, Restrepo fundamentó estas alarmas basándose en 62 mesas técnicas realizadas con la Contraloría General de la República durante el mes de julio. De acuerdo con el diagnóstico del órgano de control citado por el vicepresidente electo, el Estado solo contaría con la cobertura del 25% de los subsidios para lo que resta del año, dejando el 75% restante sin respaldo financiero inmediato.
Restrepo calificó estos hallazgos como “aberrantes” y señaló que esta situación forma parte de una brecha fiscal más amplia proyectada para el presupuesto de 2027.
La respuesta de Prosperidad Social y el presidente Petro
Ante estos señalamientos, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, emitió un comunicado oficial negando cualquier tipo de desfinanciación. La entidad aseguró que los recursos para la vigencia completa de 2026 están garantizados y comprometidos a través del Conpes 4176 de 2025.
El DPS detalló que el costo anual del programa asciende a 8,4 billones de pesos, financiados mediante tres fuentes específicas: 3,2 billones del Presupuesto General de la Nación, 1,7 billones de la Subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional y 3,5 billones provenientes de cofinanciación del Ministerio del Trabajo.
La administración saliente enfatizó que, de los 12 ciclos de pago previstos para el año, ya se han ejecutado seis y el séptimo tiene sus recursos asegurados para iniciar en las próximas semanas. Asimismo, el director Amaya rechazó las acusaciones sobre el uso electoral de los fondos, argumentando que las transferencias son mensuales y de obligatorio cumplimiento por ley.
El presidente saliente, Gustavo Petro, intervino en la discusión señalando que para cumplir la promesa de campaña de De la Espriella de elevar el bono pensional a 400.000 pesos mensuales, es indispensable la aplicación de la reforma pensional aprobada por el Congreso y actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional.
Petro explicó que la integración de los flujos de cotización permitiría liberar 7 billones de pesos que hoy se destinan a pensiones, los cuales podrían ser redirigidos al programa Colombia Mayor.